La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda

31 de mayo de 2023
La Ley por el Derecho a la Vivienda

El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda fue aprobado en Consejo de Ministros el 27 de abril de 2023 y por el Senado el 17 de mayo de 2023. El 25 de mayo de 2023 se publicó en el BOE y entró en vigor el 26 de mayo.

El objetivo de la nueva ley es facilitar el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables. Desarrolla el derecho que recoge la Constitución en su artículo 47, al disfrute de una vivienda digna y adecuada.

Con esta nueva ley el gobierno central crea un marco común en materia de vivienda, pero son las comunidades autónomas las que deberán ocuparse de ponerla en marcha.

La Ley por el Derecho a la Vivienda promueve el alquiler a precios asequibles

La Ley por el Derecho a la Vivienda afecta sobre todo a la vivienda en alquiler. Desde hace unos años, alquilar una vivienda a un precio asequible se ha convertido en una auténtica hazaña.

Hemos visto como en Ibiza se alquilan balcones para dormir. Empresas con problemas para conseguir trabajadores, ante la imposibilidad de alquilar una vivienda que no se lleve gran parte del sueldo.

Se han dado ya algunos pasos enfocados a facilitar la compra de vivienda. Ahora con la nueva ley se quiere potenciar el aumento de viviendas a precios más asequibles.

Con la Ley por el Derecho a la Vivienda, los honorarios de la agencia al alquilar una vivienda los pagará el propietario. Este cambio supone un alivio importante para el inquilino.

Más vivienda pública

Las últimas ayudas para facilitar el acceso a la vivienda han ido destinadas sobre todo a la compra de vivienda. A nivel nacional, el pasado 22 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas para compensar la subida de las hipotecas.

A nivel autonómico, aquí en Baleares el 20 de febrero de este año se aprobó el Programa Garantía Hipoteca, que permite comprar vivienda con una hipoteca del 100%. El banco aporta el 80% como es habitual y el IBAVI avala el 20% restante, de manera que sólo es necesario disponer del 10% para los gastos de la compra.

Ahora se aborda el problema de la vivienda en alquiler desde diferentes ángulos. Ya existían ayudas para colectivos vulnerables, pero la falta de acceso a viviendas de alquiler a precios asequibles va más allá de los colectivos considerados vulnerables.

La Ley por el Derecho a la Vivienda va a potenciar el aumento de vivienda pública en venta y en alquiler. Se refuerza además el papel de los registros de demandantes de vivienda protegida y de los criterios de adjudicación.

Menos viviendas vacías

Para aumentar la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles en zonas tensionadas, se incentiva a los propietarios con ventajas fiscales y se penalizará a los propietarios de cuatro viviendas vacías o más.

Dependiendo del número de viviendas vacías y del tiempo que lleven sin alquilar, los propietarios tendrán un mayor o menor recargo en el IBI.

Zonas tensionadas

La nueva ley de vivienda establece que para declarar una zona residencial como tensionada debe cumplir dos requisitos:

  • El coste medio de la vivienda es superior al 30% de los ingresos medios de una persona o de una unidad familiar.
  • El precio de la compra o del alquiler haya subido al menos 3 puntos porcentuales por encima del IPC

Muchas de las premisas de la nueva ley van destinadas a mejorar la situación en las zonas tensionadas, pero las zonas tensionadas tienen que ser declaradas como tales para que puedan aplicarse.

Serán los ayuntamientos quienes informarán a su comunidad autónoma de las zonas que consideran tensionadas, para que la comunidad autónoma las declare como tales.

En definitiva, la aplicación de la nueva ley dependerá de cada comunidad autónoma.

La nueva ley y el mercado inmobiliario

Respecto a como reaccionará el mercado inmobiliario, hay opiniones y pronósticos de todo tipo.

En todo caso, las competencias en materia de vivienda están en manos de las autonomías, quienes decidirán si aplican la nueva ley y en qué medida la aplican. Habrá que esperar a ver resultados en las autonomías donde se aplique.